Hugo Fernández Castagnede
España no tiene un solo barril de petróleo iraní en sus depósitos, no comparte frontera con Teherán y no ha enviado un solo soldado a combatir en el Golfo. Y sin embargo, en cuestión de semanas, un conflicto librado a más de cuatro mil kilómetros de Madrid ha encarecido la cesta de la compra, ha puesto en jaque las bases de Rota y Morón, y ha reabierto la pregunta de si España puede seguir permitiéndose una política exterior propia sin pagar un precio por ella. La guerra de Irán no es la guerra de España, pero España la está pagando de todas formas.
Un país sin petróleo iraní, condenado a sus efectos
El estrecho de Ormuz es un pasillo de apenas 33 kilómetros de ancho por el que transita el 20% del petróleo y el gas natural licuado del planeta. Irán lo controla, y eso basta para que el Brent haya subido de los 70 dólares por barril en febrero a los 100 actuales, un 43% más, sin que España haya comprado un solo barril a Teherán. La revisión gubernamental del 28 de abril lo confirma con números: la inflación sube al 3,1%, un punto por encima de lo previsto, y la pérdida potencial para la economía española podría llegar a los 10.100 millones de euros. CaixaBank Research calcula un golpe de hasta el 0,9% del PIB si el conflicto se alarga, y si Ormuz llega a cerrarse de verdad, la factura crecería seis décimas más entre 2026 y 2027.
El mecanismo es casi automático: el gas y el petróleo se encarecen, y con ellos la electricidad, el transporte y los fertilizantes, hasta que la subida llega al supermercado sin que nadie tenga que hacer nada para provocarlo. Un repunte del 10% del Brent en euros añade dos décimas al IPC; el gas, otras cinco centésimas. El Banco Central Europeo, obligado a mantener los tipos altos para contenerlo, encarece de paso hipotecas y créditos de empresas que tampoco tienen nada que ver con Irán. El Gobierno ha respondido con un plan de choque de 3.000 millones de euros (rebajas del IVA eléctrico, del impuesto a los hidrocarburos, bonificaciones al gasóleo), pero es un parche indiscriminado y caro, pensado para un conflicto corto que ya empieza a no serlo.
Hay, además, un actor silencioso en todo esto: el dinero del Golfo. Los fondos soberanos de Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos tienen invertidos cerca de 24.000 millones de euros en empresas cotizadas españolas (Qatar Investment Authority es el primer accionista de Iberdrola desde 2011, Qatar Airways controla una cuarta parte de IAG, Mubadala posee alrededor del 62% de Cepsa). Si estas monarquías se desestabilizan, o simplemente deciden repatriar capital para atender sus propias urgencias, España perdería de golpe a algunos de sus socios industriales más sólidos. Es una vulnerabilidad que nadie ha descontado todavía, y que no depende de ningún misil.
El «No a la guerra» que tiene un precio en Washington
España ha respondido a la escalada con una doctrina que suena limpia sobre el papel: «No a la guerra», basada en el derecho internacional, en la exigencia de un mandato de Naciones Unidas y en la resolución diplomática. En la práctica se ha traducido en algo mucho más concreto: el veto al uso de las bases de Rota y Morón y el cierre del espacio aéreo a los aviones vinculados con las operaciones. Es una postura coherente con la que España mantuvo en Irak en 2003, o con la condena al ataque israelí contra Irán en 2025. Pero tiene un límite que Madrid no controla: España pertenece a la OTAN y depende del paraguas de seguridad estadounidense, así que puede matizar su implicación en una operación concreta, pero no puede plantar cara sin que Washington se lo haga pagar. Y se lo está haciendo pagar.
Filtraciones del Pentágono a finales de abril hablan de expulsar a España de la OTAN, algo que el Tratado de Washington ni siquiera contempla pero que como gesto político ya ha hecho su efecto, y de trasladar las dotaciones de Rota y Morón a otro país europeo. La asimetría es incómoda: España necesita capacidades que solo Estados Unidos le presta (vigilancia satelital, transporte estratégico, defensa antimisil, guerra electrónica) y que ningún proyecto europeo puede sustituir todavía. Y lo necesita precisamente cuando es el aliado de la OTAN que menos gasta en defensa en proporción a su PIB en un momento en que Trump ha cambiado las reglas: ya no basta con ser aliado, hay que rendir.
El riesgo no está solo en el mar, está en el terreno
Lo más peligroso para España, sin embargo, no es económico ni diplomático: es que tiene tropas en el sitio equivocado en el momento equivocado. Un contingente español sigue desplegado en el sur del Líbano, bajo mandato de la misión FINUL, en la Línea Azul, exactamente donde Hezbolá puede convertir cualquier escalada regional en fuego cruzado real. Otro tanto ocurre en Irak, donde España participa en misiones de la OTAN rodeada de milicias chiíes proiraníes que ya han demostrado que saben atacar bases occidentales con drones y cohetes. No es solo estar allí: es que esas misiones pueden pasar de la estabilización a la confrontación en cuestión de días, sin que nadie en Madrid controle del todo las reglas de enfrentamiento.
A esto se suma un quinto frente que pocos vieron venir: el desplome de la relación con Israel, en su punto más bajo desde 1986. El reconocimiento de Palestina, el embargo de armas, la expulsión de representantes españoles del centro de coordinación de Kiryat Gat en abril de este año, han cerrado el único canal que España tenía con un actor clave de la crisis iraní, el mismo país que en 1991 permitió a Madrid presumir de capacidad mediadora en Oriente Próximo. Y hay un riesgo derivado que apunta directamente al territorio nacional: medios israelíes han insinuado que Tel Aviv podría respaldar las aspiraciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, justo cuando España más necesitaría tener las manos libres en el flanco sur.
Tres futuros posibles, uno ya en marcha
Si Ormuz se cierra de verdad y la escalada se generaliza, el Brent podría dispararse hasta los 160 dólares, la eurozona entraría en recesión técnica, España perdería hasta 0,9 puntos de PIB y el Pentágono ejecutaría el repliegue de sus bases españolas sin contemplaciones. Es el escenario más duro, pero no el más probable. El más probable, el que ya está ocurriendo, es el de un conflicto contenido: Brent entre 90 y 110 dólares, inflación por encima del 3%, una relación con Washington fría pero no rota, y una España que intenta, con más o menos fortuna, sacar partido reputacional de haber mantenido una postura legalista. El tercer futuro, el más deseable, exigiría un acuerdo nuclear con Irán que hoy parece lejano, pero que devolvería el Brent a los 70-80 dólares y reabriría la ventana mediadora que España ha perdido.
España no puede elegir en cuál de los tres escenarios va a vivir los próximos dos años. Lo único que puede elegir es si llega a ellos con sus vulnerabilidades (energética, financiera, militar y diplomática) gestionadas o ignoradas. Tiene, de hecho, algunas cartas que jugar: es el único gran socio europeo que ha condenado con la misma coherencia el ataque a Irán, la intervención en Venezuela y el ataque israelí inicial, un activo reputacional que aún no ha sabido convertir en influencia real; y la propia crisis de Ormuz está reforzando el papel de sus regasificadoras como puerta de entrada del gas americano y qatarí a Europa.
El conflicto de Irán no ha cambiado el lugar de España en el mundo. Solo ha confirmado, con una nitidez incómoda, que ese lugar depende menos de lo que Madrid decide que de lo que otros (Washington, Bruselas, Teherán) deciden por ella.
Este artículo se incluye dentro de la Cátedra Jean Monnet «European Union’s external relations and Spanish Foreign Policy».
