Laura Alcaine Bonasa
En agosto de 2008, cuando el mundo tenía los ojos puestos en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, las fuerzas militares rusas cruzaban la frontera georgiana. La operación duró cinco días y apenas recibió, fuera de los círculos especializados, algo más que una condena diplomática de trámite. Visto con la perspectiva que nos ha dado la invasión de Ucrania en 2022, aquel episodio fue algo más que una guerra regional olvidada: fue el laboratorio en el que Rusia probó, a pequeña escala, casi todos los instrumentos que años después desplegaría contra Kiev.
El espacio postsoviético como esfera de influencia
La clave para entender tanto 2008 como 2022 está en una convicción que Moscú nunca abandonó tras la disolución de la URSS: que las antiguas repúblicas soviéticas constituyen una esfera de influencia natural, no un conjunto de Estados plenamente soberanos con capacidad de elegir sus propias alianzas. No es casualidad que en el espacio postsoviético proliferen los llamados conflictos congelados: Transnistria en Moldavia, Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán y Osetia del Sur y Abjazia en Georgia. Todos ellos funcionan como palancas de presión permanente sobre Tbilisi, Kiev o Chisináu, listas para activarse en el momento oportuno.
En el caso de Georgia este momento llegó cuando, bajo el liderazgo de Mijeíl Saakashvili tras la Revolución de las Rosas en 2003, orientó su política exterior hacia la OTAN y la Unión Europea. En la cumbre de la Alianza en Bucarest en abril de 2008, Washington presionó para abrir la puerta a la adhesión de Georgia y Ucrania; Francia y Alemania frenaron la propuesta y el resultado fue un compromiso ambiguo, una promesa de adhesión futura sin calendario ni garantías. Para el Kremlin, sin embargo, ni siquiera esta vaguedad resultaba tolerable: la simple posibilidad de que la Alianza se acercara a sus fronteras se interpretó como una amenaza existencial, el mismo razonamiento que catorce años después justificaría la invasión de Ucrania.
Cinco días de gurra y una lección estratégica para Moscú
El 7 de agosto de 2008 tropas georgianas lanzaron una ofensiva sobre Tsjinvali, capital de Osetia del Sur, buscando recuperar el control constitucional sobre la provincia separatista. Ese ataque llegó, no obstante, tras días de bombardeos y provocaciones de las milicias surosetias respaldadas por Moscú, un antecedente que el posterior Informe Tagliavini de la UE (2009) señaló como parte de la escalada previa. La respuesta rusa fue inmediata y desproporcionada: en cuestión de horas, el ejército no solo desalojó la región sino que penetró en territorio georgiano propiamente dicho, destruyó infraestructuras estratégicas y respaldó operaciones paralelas en Abjazia. Cinco días bastaron para que Rusia impusiera sus condiciones y negociara el alto el fuego desde una posición de fuerza incontestable. Poco después reconoció unilateralmente la independencia de ambos territorios convirtiéndolos, de facto, en protectorados bajo tutela rusa, un estatus que la comunidad internacional se negó a reconocer.
Sin embargo, lo verdaderamente decisivo no fue la guerra en sí sino lo que vino después: la respuesta occidental se limitó a condenas retóricas sin traducción alguna en sanciones o costes reales para Moscú. Fue precisamente este silencio lo que permitió a Rusia extraer una serie de conclusiones para sentar las bases de la invasión de Ucrania en 2022: que las operaciones especiales sobre territorios con minorías afines a Moscú resultan militarmente eficaces; que Occidente no está dispuesto a asumir un coste significativo por defender a un socio que no forma parte de la OTAN; y que los conflictos congelados y el separatismo inducido constituyen una herramienta geopolítica rentable y reutilizable siempre que se presente bajo el envoltorio de la protección humanitaria a una minoría.
Esas tres lecciones se trasladaron, con variaciones, a Crimea y el Donbás en 2014 y alcanzaron su expresión más ambiciosa en la invasión a gran escala de 2022. La lógica argumental apenas cambió: en Osetia del Sur y Abjazia Rusia invocó la protección de minorías bajo asedio; en el Donbás el argumento fue idéntico, ahora reforzado por la pasaportización masiva de la población local, un mecanismo que permitió a Moscú alegar después una obligación de proteger a sus propios “nacionales” en territorio ajeno.
Ucrania añadió, eso sí, una capa que Georgia apenas había esbozado: la guerra híbrida propiamente dicha. Antes de que los primeros tanques cruzaran la frontera en 2022, Rusia ya había desplegado una campaña de desinformación que acusaba a Ucrania de cometer un genocidio contra la población rusoparlante del Donbás. A esa campaña se sumó un ciberataque, lanzado de forma coordinada con la propia operación terrestre. En ambos conflictos el objetivo de fondo era el mismo y era esencialmente psicológico: demostrar que el Estado agredido era incapaz de proteger a su población y que Occidente, llegado el momento, no intervendría.
El precio del error de cálculo
Tras 2008 Europa y Estados Unidos optaron por un reinicio de relaciones con Rusia en lugar de una disuasión firme, sembrando lo que bien podría llamarse un antecedente de impunidad. Esa percepción de debilidad alimentó la convicción del Kremlin de que la resistencia ucraniana sería mínima y el coste político asumible. Pero el éxito relámpago de Georgia generó también una confianza excesiva en las propias capacidades: mientras que en 2008 Rusia alcanzó sus objetivos casi sin esfuerzo, en Ucrania los fallos de inteligencia y de planificación han convertido lo que se concibió como una operación breve en una guerra de desgaste prolongada, con un coste para la posición internacional de Rusia que está resultando, a la larga, mucho más severo que cualquier beneficio obtenido sobre el terreno.
Georgia fue, en ese sentido, el aviso que Europa prefirió no escuchar. Ucrania es la comprobación, dolorosa y prolongada en el tiempo, de que el modelo de operación especial que funcionó en 2008 se ha topado esta vez con una resistencia estatal que Moscú no había previsto. La pregunta de fondo, cómo construir una arquitectura de seguridad europea capaz de disuadir en lugar de reaccionar, sólo puede responderse admitiendo una premisa incómoda: el error no comenzó en febrero de 2022, sino en el silencio que siguió a agosto de 2008.
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